TEXTO: À. G.

BARCELONA. El anteproyecto de ordenanza de Convivencia y civismo elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona está generando un interesante debate entorno a la responsabilidad individual, la urbanidad y la permisividad en relación a determinadas conductas. La discusión jurídica no es menor: se cuestiona, por ejemplo, si un cliente del «top manta» tiene la obligación de conocer si un comercio dispone o no de autorización -algo se intuye claro cuando el vendedor echa a correr al ver la patrulla-, o si el Ayuntamiento tiene capacidad legal para prohibir una actividad, la prostitución callejera, que no está de otro modo regulada.

A otro nivel, la ordenanza plantea dudas se diría que casi filosóficas. «¿Somos los humanos menos que los perros?», se pregunta el lector Miguel de Entremares en una carta remitida a este periódico. El interrogante no es menor cuando se conoce que la ordenanza de Medio Ambiente especifica claramente que está prohibido «dejar las deposiciones fecales de perros, gatos y otros animales en las vías públicas y en general en cualquier sitio destinado al tráfico de peatones». Considerada una infracción leve, la sanción va de los 6 a los 1.800 euros. Hasta ahí correcto.

«Ya sabemos que las «cacas» deben de recogerlas sus amos. Pero... ¿y su pis? O sea, que si un perro siente necesidad ineludible de hacer un pipí, lo hace, y no pasa nada. ¡Ah, si eso mismo lo hace un humano!», clama el lector, seguro que indignado con el lamentable aspecto en el que quedan muchos rincones de la ciudad después de que hayan sido escogidos por los canes para levantar la patita. Por no hablar, claro, de la tolerancia con la que algunos perros orinan sobre motocicletas o mobiliario urbano. «Nuestras autoridades nos tratan peor que a los perros», concluye Entremares su alegato.

Si uno no va a cuatro patas, la ordenanza en cambio es más que clara. «Está prohibido hacer necesidades fisiológicas, como defecar, orinar, vomitar, escupir y otras análogas...». Si todo ello, se supone que no necesariamente a la vez, se realiza en espacio de «concurrida afluencia», «frecuentado por menores» o en «monumentos o edificios de catalogación especial... institucionales o administrativos», la penalización puede llegar a ser de entre 750 a 1.500 euros. Los perros están exentos