M. J. PÉREZ-BARCO
Tanto los dos partidos políticos principales como las propias protagonistas de este debate, las trabajadoras del sexo, consideran que lo primordial es combatir las redes de tráfico de mujeres y niñas y arbitrar medidas sociales, económicas y de inserción laboral

1. ¿Es conveniente regular la prostitución en España? ¿Por qué razones?
2. ¿Cómo debería acometerse la regulación de este fenómeno, que se ha incrementado en los últimos años?
3. En el caso de no estar a favor de su regulación, ¿qué medidas alternativas deberían adoptarse?

El debate sobre la posible regulación de la prostitución en nuestro país ha llegado al Congreso de los Diputados. Todos los grupos, por unanimidad, aprobaron una iniciativa propuesta por Izquierda Unida para empezar un proceso de estudio y análisis sobre el fenómeno con el fin de elevar, en unos tres meses, un dictamen al Gobierno. Mientras de puertas adentro sus señorías investigan, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se está planteando la posibilidad de incluir a las personas que abandonen la prostitución entre los colectivos beneficiarios de la renta activa de inserción. Y entretanto, en Barcelona continúa aplicándose la ordenanza de convivencia que restringe el ejercicio de la actividad.
Ante este panorama son muchas las dudas que surgen, porque en el fondo lo que se discute es si es necesario regular o no la prostitución voluntaria, si es que existe, como apuntan desde algunos sectores; o combatir el tráfico de mujeres y niños y el proxenetismo con mano dura; o ayudar a la reinserción con medidas laborales y sociales. O quizá un compendio de todo. En principio, los dos principales partidos políticos, el PSOE y el PP, no son partidarios de regular la prostitución. Algunas propuestas las exponen los sujetos implicados en el debate:

Enriqueta Seller. Diputada del PP

«El 80 por ciento de las prostitutas no lo son por elección»

1. A mi juicio, reducir el debate a la siempre perspectiva legal del «problema» contribuye a, únicamente, sentenciar por «decreto» la invisibilidad del mismo. Hay que abordarlo desde una óptica global e integral, donde la finalidad última ponga el acento en aquello que afecta particularmente a la mujer y a la sociedad. Afirmar que la regulación es la solución no deja de ser más que una opinión un tanto dogmática. La práctica nos enseña que los «problemas» no se solucionan únicamente con medidas de carácter legal, y desde luego, éstos no se esfuman por el hecho de ofrecer una mayor impunidad a quienes argumentan que encuentran en la «disponibilidad» de la mujer una forma de consentimiento. Por tanto, más que establecer un marco legal que permita su legislación, deberíamos orientar nuestros esfuerzos por combatirla, y para ello la opinión pública debería conocer la realidad de estas mujeres. Y es que el 80% de las mujeres que hoy se prostituyen no lo hacen por elección. Por no elegir, ni siquiera deciden dónde ejercerla, y su condición, raza, edad, forma física o número de contactos que están a su alcance son factores determinantes.
Generalmente, su estilo de vida limita también sus relaciones sociales, lo que conlleva a la ruptura con familiares y amigos, y cuando finalmente deciden abandonar la prostitución, quedan sometidas de nuevo ante la sociedad por su sentimiento de incapacidad y baja autoestima. Otras veces ni siquiera pueden abandonar la actividad, y ello por necesidades varias, en general ligadas a la precariedad de todo tipo en la que viven, que impiden su abandono y las someten más todavía.

2. El estudio que se va a iniciar debería además abordar la prostitución desde una perspectiva más amplia, considerando como «explotación sexual» no sólo la explotación en sí de un ser humano, sino también determinados espectáculos pornográficos, reproducción de material pornográfico e incluso la venta publicitaria que se hace de los «servicios» con acepciones improcedentes como «jovencita», «estudiante», «colegiala»... que actúan como reclamo. Se debería poner especial énfasis en una mayor censura penal del proxenetismo.
Además, el estudio debe tener en cuenta que su finalidad no puede estar únicamente en recopilar datos sino en la elaboración de un plan, visto desde una óptica transversal en cuanto a la implicación de diferentes ministerios y en las propias comunidades autónomas, tal y como reza la enmienda de mi Grupo, que lamentablemente no fue aceptada.

3. Este plan debería enfocarse por recoger recursos sociales (no sólo económicos), tendentes a ofrecer solución a muchos problemas que las mujeres han de afrontar solas (desde desestructuración familiar y desarraigo o enfermedad hasta crisis de autoestima, pasando por innumerables contingencias). Establecer ayudas económicas que posibiliten su integración es necesario, así como medidas tendentes a actuar contra la precariedad laboral, junto con el ofrecimiento de opciones educativas y de formación que le permitan visualizar opciones diferentes.

Mariví Monteserín. Diputada del PSOE

«Partimos de un marco legal adecuado y adaptado»

1. En España no partimos de cero en relación con la regulación de la prostitución. Nuestro marco legal y penal sobre este fenómeno es claro. No se penaliza el ejercicio de la prostitución, no es algo prohibido en nuestro país, pero sí se penaliza la explotación sexual, que implica el lucro de una tercera persona que se enriquece a costa del ejercicio de la prostitución de otra. Y penalizamos, obviamente, la trata o el tráfico ilegal de personas con fines de explotación sexual, el empleo de coacciones, el engaño, etcétera. Por tanto, partimos de un marco legal adecuado y adaptado a las resoluciones y directrices de la Unión Europea, que está pidiendo a los estados que afrontemos seriamente los problemas derivados de la prostitución, desalentando explícitamente la demanda. En principio, me parece que éste es un marco legal suficiente.

2. En estos momentos, el Congreso de los Diputados ha abierto un debate necesario para analizar todos los aspectos del problema. Lo hace en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades, porque es imposible abordar este problema sin tener en cuenta la perspectiva de género: las prostituidas en su inmensa mayoría son mujeres y los prostituidores (clientes, proxenetas, empresarios) son generalmente hombres.
Pero, además, debemos analizar la industria del sexo y la agresividad comercial que se deriva de la misma, así como informarnos de las distintas posiciones sociales y jurídicas que existan.
Este es el trabajo que necesariamente hay que realizar, previamente a acometer cualquier tipo de regulación, y no hay duda de que sus conclusiones serán importantes.

3. Lo más importante y lo más urgentes es actuar de manera decidida, integral y radical frente al tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, proteger y dar seguridad a las víctimas, facilitándoles una salida a su situación y la recuperación de sus derechos fundamentales. Esta es la línea de trabajo del Gobierno, que está elaborando un plan integral de lucha contra el tráfico de mujeres. Por otra parte, la eficacia en este sentido por parte del Ministerio del Interior ha sido muy importante en este último año, en el que se han desarticulado más de cuatrocientas redes organizadas relacionadas con el tráfico de personas y más de ciento cincuenta relacionadas directamente con el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Carme García. Diputada de Izquierda Verde

«Se debe regular con el máximo consenso social y político»

1. A juicio de Iniciativa per Catalunya Verds, se debería regular la actividad de la prostitución, puesto que ello supondría una garantía de respeto de los derechos humanos, sociales y laborales de las personas que la ejercen. Hay que tener en cuenta, no obstante, la importancia de que esta regulación se haga con el máximo consenso social y político. No se puede abordar una realidad tan compleja como la de la prostitución si no se cuenta con suficiente información sobre ella. Hoy nadie puede aportar datos cuantitativos ni exactos de las condiciones en las que vive el colectivo de mujeres que ejercen la prostitución. Este hecho las condena a la invisibilidad y a estar, aún más, a merced de las diversas mafias nacionales e internacionales.

2. Actualmente hay diferentes modelos vigentes en Alemania, Holanda, Suiza, Suecia... No obstante, la propuesta que el grupo de Izquierda Verde ha realizado esta semana en el Congreso es llevar a cabo un debate en profundidad durante tres meses, con comparecencias y consultas a expertos, y estudiando las diferentes experiencias, a partir del cual se pueda redactar un diagnóstico de esta realidad. Las propuestas que se elaboren aquí pueden coincidir o no con las de esos países. No se trata de copiar ninguna fórmula existente. Cada país y cada sociedad tienen sus particularidades. El objetivo que debemos alcanzar es proteger y garantizar los derechos de las personas, en su mayoría mujeres, que ejercen la prostitución.

Rocío Nieto. Presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituta (Apramp)

«Es difícil que traficantes y proxenetas rindan cuentas»

1. No es conveniente regular la prostitución, porque la prostitución legal hace extremadamente difícil conseguir que los traficantes y proxenetas rindan cuentas de sus actividades. Estos delicuentes consiguen evitar las condenas alegando que las mujeres aceptan trabajar como prostitutas.

2. Para Apramp el debate no se centra en las eternas discusiones que pretenden hacer una distinción entre la prostitución forzada y la voluntaria (si es que ésta existe). Buscamos más bien unir esfuerzos y diseñar respuestas y acciones claras y de amplio espectro, que permitan incidir sobre una realidad que debe ser transformada con urgencia. Nos parece necesario hacer énfasis en aspectos como el origen y la evolución de una nueva vertiente de explotación sexual, acepciones, polémicas, implicaciones políticas, sociales, éticas... con el fin de llegar al fondo del problema.

3. Las medidas son el desarrollo de programas de apoyo y planes de acción e intervención que faciliten la inserción e integración de las víctimas. Pero es necesario ir más allá y lograr que se tomen medidas más severas (a nivel de estados y gobiernos) contra el delito del tráfico internacional y trata de mujeres. No nos olvidamos de la gran demanda que siempre es solicitada por hombres (clientes), trabajando con ellos la sensibilización, realizando cuestionarios que nos den información acerca de sus perfiles y de las causas que llevan a ejercer una de las formas de violencia de género más lastimosas. Igualmente, consideramos necesaria la promoción de información en los países de origen de las mujeres que vienen engañadas a España con el fin de ser explotadas sexualmente.

Pablo Mayo. Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela)

«El Estado debe acabar con la economía sumergida de este mundo»

1. Creo que no sólo es conveniente, sino necesario. Esta postura es la que lleva manteniendo Anela desde su constitución hace ya cinco años. Solicitamos la regulación del sector del alterne. Las razones pueden resumirse en sociales, morales y económicas: es lo que demanda la inmensa mayoría de la población; se trata de un colectivo de 350.000 personas que en el año 2006 carecen de derechos, tanto laborales como sociales, y el Estado debería acabar, mediante la regulación del sector del alterne, con la economía sumergida a la que este mundo está sometida. Una regulación evitaría que el Estado se sustraiga de su obligación de acabar con esta economía sumergida.

2. Delimitando dónde debería ejercerse esta práctica. Anela considera que es necesario delimitar el espacio en el ejercicio de la prostitución y considera que sólo debe practicarse en locales acondicionados para ello, con todas las medidas necesarias para realizar esta actividad. Y no debe realizarse ni en la calle ni en los pisos; y sí, además, alejada de las mafias, las drogas y los menores. Señalar cuál es el estatus de las prostitutas, es decir, en qué condición laboral se encuentran; y Anela cree que deben ser autónomas, siendo de esta manera ellas mismas su único patrono. Decir cuáles son las obligaciones del alterne y los derechos que deben recibirse a cambio.