La prostitución mueve en España casi cinco millones de euros al día; es decir, 1.800 millones de euros anuales. Por hacer una comparación económica, el volumen de esta actividad equivale al 13% de lo facturado por las agencias de viajes durante el año 2003, según los datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE). Precisamente, la misma entidad desvela que más de 600.000 hombres utilizan cada año los servicios de las prostitutas, mientras otras instituciones estiman que, en la actualidad, hay 300.000 trabajadoras del sexo en activo. No en vano, se habla de España como «el prostíbulo de Europa».

Los números que se manejan, sin embargo, son inexactos. Basados en estimaciones, resultan parciales y, sobre todo, escasos. No existe, de momento, una única institución o un solo estudio que reúna la información necesaria para analizar un mundo que, pese a movilizar cantidades exorbitantes de dinero, se queda al margen de todo o, expresado de otro modo, en el margen de la sociedad.

Hay intentos por aprender. Barcelona ha celebrado recientemente un seminario sobre prostitución, y a fin de año habrá otro en Valencia donde se presentará un estudio pionero entorno al alcance y problemas del negocio del sexo, que ahora mismo realizan las universidades valencianas. Pero no es suficiente. En palabras de los expertos, «la prostitución es alegal» porque no está prohibida «pero tampoco se la contempla» en las normativas. Y si en algo coinciden las instituciones oficiales con los sindicatos, las prostitutas y los propietarios de clubes de alterne, es que el mercado sexual en España «se encuentra estancado en un limbo que no puede continuar».

A su manera, cada parte implicada reclama que se haga «algo» para «llenar» ese vacío legal. Las propuestas van desde la prohibición absoluta hasta la erradicación de la prostitución callejera, relegando el intercambio a las casas de citas y los prostíbulos. Las medidas implican una regulación institucional que se percibe «indispensable», aunque no haya consenso en sus términos.

Planes «represivos»

La secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, ya advertía en el Congreso sobre «las trampas» que supondría una intervención y criticaba la idea de establecer un 'contrato de alquiler' de servicios sexuales. «El objeto del arrendamiento sería el cuerpo humano reducido a la categoría de mercancía; algo que, a todas luces, debe ser ilícito jurídicamente», señaló.

Pero la meta general está puesta en el Gobierno. Los colectivos sociales e incluso las instituciones autonómicas exigen un mayor compromiso por parte del Ejecutivo y reclaman el diseño de unas «políticas transversales» que «hagan trabajar en conjunto a varios ministerios» con el objetivo de «mejorar las condiciones de estas mujeres».

La asociación Hetaira lleva más de doce años defendiendo los derechos de las prostitutas. Desde su punto de vista, la actuación gubernamental es «insuficiente» y proyectos municipales como los emprendidos en Madrid y Barcelona tienen un «carácter represivo» y «carecen de planes sociales adecuados».

«El Gobierno está centrado en el tráfico de seres humanos. No tiene interés en hablar de prostitución ni en discutir los derechos de estas mujeres que reclaman el reconocimiento de su oficio como una actividad económica -explica Carmen Briz, portavoz de Hetaira y miembro de Comisiones Obreras-. Su posición actual es: 'Allá ellas, que se encarguen los Ayuntamientos de que trabajen en clubes cerrados', porque esa es su única obsesión».

Libre decisión

Hetaira aplaude, en cambio, la reciente iniciativa de la Generalitat de Cataluña, un proyecto normativo que toma como referencia la ley de Nueva Zelanda y es el más completo que se ha realizado hasta la fecha en este país, hasta el punto de que algunos especialistas lo observan como un interesante punto de partida de cara a una legislación nacional. «Nos parece conveniente que se haya hecho una diferenciación entre el ejercicio 'contra la voluntad' y la libre decisión de formar parte de la industria del sexo», destaca Briz. Aunque éste es sólo el punto de partida, pues la propuesta incluye muchos otros aspectos.

Pese a que el texto está aún en fase de borrador y es probable que no se apruebe hasta la próxima legislatura, el principal objetivo del Gobierno catalán son «los derechos de las prostitutas que deciden por sí mismas ejercer este trabajo. No contemplamos aquí a las mujeres que son forzadas a prostituirse porque, para esos casos, ya existe la Policía», explican fuentes de la Generalitat. El proyecto prevé sacar a las prostitutas de las calles, fomentar «la autogestión y el carácter cooperativo» de su trabajo, establecer horarios estándar con un día de descanso a la semana y aumentar su seguridad «mediante dispositivos de alarma en las habitaciones y un registro privado de clientes» que podría utilizarse en caso de necesidad.

El Ejecutivo persigue, además, la erradicación de los 'macroburdeles' al establecer «números máximos de habitaciones» por local y la asimilación de las prostitutas «como trabajadoras autónomas», de modo que «los proxenetas desaparecerán». Según este proyecto, la Policía dispondría incluso de «una unidad específica de inspectores» cuya tarea consistiría en «velar por el bienestar» de las mujeres. Lo fundamental es «ordenar el caos» y «frenar este fenómeno», zanjan las mismas fuentes.

Para otros colectivos, en cambio, la palabra no es frenar, sino detener. La Asociación para la Prevención, Inserción y Atención de la Mujer Prostituta sostiene que el negocio del sexo «perpetúa la manipulación social y la injusticia» y reclama soluciones «para sacar a las afectadas de ese mundo», no para regularlo. «Cuando las mujeres quieran dejarlo deben tener un lugar a donde acudir. Por eso procuramos que las administraciones, y no sólo los Ayuntamientos, se comprometan a dar soluciones», reclama Rocío Nieto, su portavoz.

El colectivo opina que «no existe el ejercicio voluntario» y que «ser libre en la prostitución es muy difícil». «Siempre lo hacen forzadas por algo, ya sea una situación económica o familiar», explica Nieto. «Debe haber un debate a nivel estatal y un control internacional de las mafias». La asociación tampoco percibe viable el reconocimiento de la actividad en la Seguridad Social porque «la prostitución callejera estresa, agota y desgasta. Las mujeres nunca lo hacen como un trabajo definitivo».

AMEP, la Asociación de Mujeres que Ejercen la Prostitución en Sevilla, señala que «los proyectos institucionales están muy alejados de la realidad» y denuncia «que no se permita participar a las prostitutas ni en los debates ni en la toma de decisiones». «Estas mujeres no tienen voz», subraya Raquel Iglesias. Coincide con ella José Luis Roberto, secretario general de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA). «El Parlamento ha creado una Comisión de 41 expertos pero no hay ni uno que represente a las prostitutas o a los dueños de los clubes. Legislar así es una barbaridad», concluye.

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