La Policía Nacional ha desarticulado una trama empresarial dedicada a la explotación laboral y sexual de mujeres, la mayoría de ellas extranjeras, en un club de alterne del municipio malagueño de Pizarra. El local permanece precintado de forma temporal por orden del titular del juzgado de Instrucción número 11 de Málaga, a cargo de la investigación del caso, después de que los responsables continuaran con estas actividades ilegales tras una primera intervención policial.
Según informaron a La Opinión de Málaga fuentes cercanas a la investigación, tanto el dueño del establecimiento, denominado Club Laurel, como el encargado y uno de los camareros, podrían estar implicados en esta actividad ilegal al haberse estado beneficiando durante más de un año de buena parte de las ganancias que estas mujeres obtenían mediante la prostitución.

Regulares. Las pesquisas policiales comenzaron a finales del año pasado, cuando uno de los grupos de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación tuvo sospechas de que en ese establecimiento, situado en el Partido de Villalón del citado municipio, se explotaba laboral y sexualmente a mujeres extranjeras.
Se establecieron entonces varios dispositivos de vigilancia y se efectuó una primera inspección del local a finales de noviembre del año pasado, lo que permitió corroborar las sospechas de los investigadores con la declaración de una veintena de mujeres localizadas entonces en el interior del local.
Ellas mismas reconocieron que se dedicaban a alternar con los clientes y que recibían una comisión por cada copa que éstos consumían. Asimismo, admitieron que se prostituían y que del dinero que recibían, le daban una parte al club que previamente había sido pactada. A cambio, recibían cada noche unos paquetes precintados que contenían una sábana desechable y preservativos cada uno, añadieron las mismas fuentes.

Reincidencia. Dos meses después, los agentes tuvieron que intervenir de nuevo ante la sospecha de que la actividad delictiva continuaba desarrollándose en el mismo club. Y así fue. En esta segunda ocasión localizaron a otras ocho mujeres, en la misma situación que las anteriores, por lo que el juez instructor del caso ordenó que se precintara el establecimiento.
Según pudieron comprobar tras el análisis de la documentación intervenida, los supuestos cabecillas de la organización mantenían el control administrativo y sanitario de las mujeres mediante la comprobación de sus permisos de residencia en el país y los controles médicos mencionados, y trataban de ocultar su supuesta actividad delictiva disfrazando el negocio de establecimiento hotelero, una coartada habitual en este tipo de actividades ilegales.