Gatillazo legal del Ayuntamiento de Barcelona respecto a la regulación de la prostitución. El Consistorio de la capital catalana reconoció ayer la imposibilidad de aplicar de manera efectiva parte de la normativa municipal que regula los clubes de alterne, una restrictiva ordenanza que se impulsó en un momento de gran sensibilidad social a favor de las tesis prohibicionistas pero que ahora se ha visto del todo inaplicable.

El texto, de haber entrado en vigor el próximo 1 de enero tal y como estaba previsto, habría llevado al cierre a la practica totalidad de los alrededor de 300 locales que se estima funcionan en Barcelona, incapaces de cumplir con los severos requerimientos previstos, entre los que se incluye la prohibición de que haya locales pared con pared con domicilios particulares.

Desde el Ayuntamiento, haciendo suyo el argumento empleado por los empresarios del sector, se señaló que es preferible recular y modificar la normativa a afrontar el problema que supondría el cierre masivo de establecimientos, con el previsible desplazamiento de la prostitución a pisos no regulados o a la calle. El Consistorio afirmó haber atendido también las peticiones de asociaciones de mujeres y a la síndica de Barcelona.

Fue el teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon García Bragado, quien explicó las razones de este rotundo fracaso: «En ese momento los legisladores creyeron que era posible, ahora se ha visto que no».

La cronología de la marcha atrás municipal es más o menos la siguiente. En 2003, con la entonces consellera Montserrat Tura abanderando la causa de la regulación, la Generalitat aprueba un decreto donde, entre otros aspectos, fija las condiciones del interior de los locales, como las relativas a superficie mínima o ventilación. A continuación, y yendo más allá, Barcelona desarrolla ese texto con una ordenanza propia, donde establece unos requisitos a la práctica insalvables: doscientos metros de distancia mínima entre un local y otro, la misma distancia con respecto a colegios o iglesias e imposibilidad de funcionar si el local es contiguo a una vivienda.

«Sensibilidad social»

La ordenanza afectaba tanto a los nuevos locales como a los ya existentes, a los que daba un periodo de transición de cinco años que vencía el próximo 1 de enero. «Cuando se hace la regulación es un momento de gran sensibilidad social», se justificaba ayer Bragado, en alusión a un año en el que se expropia Studio 54 antes de convertirse en un «macro prostíbulo» o, un poco antes, se produce la campaña vecinal contra Bailén 22. En otras palabras, se reguló a la carta, para satisfacer la presión vecinal, pero sin atender ni la realidad ni el alcance del texto.

Enseguida se ve que la ordenanza conduce a un cierre masivo de locales. De los 300 que se estima que existen, 60 solicitan la nueva licencia; sólo 25 la consiguen. El resto, unos 275 sigue funcionando pues de manera alegal, bien como sauna, bien como gimnasio, bien como bar musical. En estos cinco años transcurridos, al menos, la norma ha servido para que no abra ningún local nuevo, se justificaba ayer el Consistorio.

Ahora, y ante la falta de voluntad de proceder a un cierre masivo, el Ayuntamiento modificará la normativa, de modo que los requisitos en cuanto a distancias mínimas sólo afectará a los nuevos locales y no a los ya en funcionamiento. Estos tienen ahora seis meses para solicitar licencia, y se les dará otros seis si requieren obras de adecuación. En enero de 2010, por tanto, los clubes de Barcelona tendrán que haberse adaptado a una ordenanza ahora ya sí más tolerante.